martes, 4 de septiembre de 2012

La ocupación del lenguaje


La ocupación del lenguaje

La derecha no solo disfruta de un poder político y económico indiscutible sino que también busca la hegemonía cultural. Para hacerlo, procura desacreditar el progresismo valiéndose muchas veces de su discurso
Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:
La creación y propagación de conceptos.
Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.
Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.
La usurpación de la terminología del oponente. 
Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas.
Los actuales recortes se presentan subrayando su valor simbólico de reformas históricas
La estigmatización de determinados colectivos. 
Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores fijos son descalificados. Al disfrutar de supuestos “privilegios”, parecen co-responsables de la situación actual. Desprestigiándolos se puede activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Se alude a los desempleados como beneficiarios de la reforma laboral, pero se les supone holgazanes que deben redimir su inutilidad con labores sociales. Un empresario farmacéutico, Grifols, propone como solución donar sangre: “En épocas de crisis, si pudiéramos tener centros de plasma podríamos pagar 60 euros por semana, que sumados al paro son una forma de vivir”. El parado se convierte así en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado. El siguiente paso podría ser la venta de órganos o de los hijos a los que no se pueda mantener. Los primeros ajustes en la sanidad pública penalizan a un nuevo apestado, el enfermo, lo señalan como causante del déficit, y exigen que (re)pague por su debilidad. Si la estigmatización es el paso previo a la expulsión, como ya ocurre con los sin papeles, otros muchos colectivos podrán ser excluidos.
Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión inmediata. 
De nuevo, el “sentido común”, ritornellofavorito de Rajoy, sustenta este procedimiento. Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. Se apela así a espacios imaginarios de consenso de los que el oponente no puede autoexcluirse: “No es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”, afirma Alicia Sánchez-Camacho.
El eufemismo, la atenuación y la exageración, el defender premisas contradictorias, se han normalizado en el repertorio retórico derechista: Rajoy afirma que hará “cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer”. La reducción de profesores interinos “no se puede plantear en términos de despidos —alega el ministro Wert—, sino de no renovación de contratos”. Beteta generaliza burdamente: los funcionarios “deben olvidarse de tomar el cafelito, deben olvidarse de leer el periódico”.
La construcción de marcos de sentido. 
La acción del gobierno de Zapatero era tachada de improvisada, mendaz e insensata. Establecido ese marco, cualquier medida gubernamental corroboraba la imputación general y así se lograba una incontrovertibilidad que desconocen las fórmulas dialogantes. En el espacio público se tiene más poder cuando se controla el marco de lo decible y discutible. La derecha es magistral utilizando esta estrategia, pero tras una prolongada degeneración de la vida pública, de la que el PSOE es corresponsable, se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla.
El parado puede llegar a convertirse en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado
Una táctica de “orquestación”. 
La reiteración machacona de una consigna (y no de un argumento, como sugiere la equívoca noción de “argumentario”) a varias voces, en momentos y lugares distintos, es habitual: “los interinos han entrado a dedo”, “los sindicatos viven de las subvenciones”, “los profesores trabajan poco”, etcétera. “Lo que digo tres veces es verdad”, afirmaba el Bellman de Lewis Carroll. La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente reputado de normal, se tiende a normalizarlo; o a estigmatizarlo, si se le ha tildado repetidamente de anómalo.
La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media. 
Los medios funcionan como laboratorios discursivos que difunden las nuevas expresiones y consignas, y los asesores preparan declaraciones inmediatamente traducibles a un titular. Inversamente proporcional al impacto de estos mensajes resulta la capacidad de contestarlos: los análisis críticos se disuelven en un aluvión de artículos, columnas y editoriales que logran una difusión e influencia mucho menor.
La moralización del discurso público. 
La política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión, apropiándose la universalidad de la noción en disputa, como señala Zizek. Las “personas normales, sensatas…, españoles de bien” a que apela Rajoy son indudablemente de derechas. Cuando encubre su integrismo moral la derecha incurre en la paradoja política: Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la “violencia estructural” que padecen con una contrarreforma de la ley de aborto limitadora de derechos y que refuerza la violencia legal.
Muchos ciudadanos nos sentimos justamente indignados por lo “descarado” de estos procedimientos. Y quizá sea en esa desfachatez, pérdida del rostro, donde podría cifrarse tanto su fragilidad como la inquietante capacidad de contagio de sus postulados.

viernes, 3 de febrero de 2012

Otra sorpresita neoliberal de la “Revolución Ciudadana” Flexibilización laboral en el Sector Público

Natalia Sierra**

Con el decreto ejecutivo 813, el gobierno “revolucionario socialista y popular” retoma una de las más nefastas políticas del neoliberalismo en contra de los trabajadores, llamada flexibilización laboral. Política nuclear del programa de ajuste estructural maquinado por el Consenso de Washington en contra del derecho humano a tener un trabajo digno.

Hoy en plena Revolución Ciudadana que ha venido luchando en contra de la larga noche neoliberal según han dicho sus voceros con voz altisonante por todo el país y fuera de él, se inventan eufemísticamente la compra de renuncias obligatorias en el sector público. Intentando con un juego tramposo del lenguaje cubrir el contenido político neoliberal de su ilegítima e ilegal decisión.

Ante el fracaso del intento que el año pasado se hizo para que la Asamblea Nacional reforme  la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se contemplaba esta injusticia laboral, el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Laborales de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional decide que se aplica esta funesta reforma.  No importa el derecho legítimo al trabajo digno que todo ser humano tiene, no importa la situación de precariedad en la que van a quedar los trabajadores públicos despedido de forma intempestiva (sinceremos: la renuncia obligatoria no es otra cosa que despido intempestivo), no importa la suerte de las familias de estos trabajadores. Cuál es el objetivo de implementar esta política: ¿reordenamiento de las prioridades del gasto público?, ¿disciplina fiscal y laboral?, ¿sometimiento laboral?, ¿deshacerse de trabajadores incómodos?; ¿abrir vacantes para trabajadores leales al régimen?, ¿achicar el tamaño del Estado o ensancharlo con trabajadores incondicionales al gobierno? Es difícil saber, lo seguro es el gran daño que se va a hacer a las personas que serán obligadas a vender su renuncia, o quizás es mejor decir, con el cinismo del gobierno, beneficiadas con la compra de su puesto laboral, al fin de cuentas todo es una mercancía en el reino del capital. Más grave aún es el precedente político que deja en la conciencia de los trabajadores la posibilidad de que sus conquistas laborales, que implicaron muerte, tortura y encarcelamiento de cientos, miles de trabajadores a nivel mundial, sean eliminadas por un gobierno que dice ser de izquierda.

Es curioso por decir lo menos que el gobierno de la Revolución Ciudadana cuyo objetivo, según dicen, es construir el Bio-Socialismo del Buen Vivir va imponiendo políticas claramente antipopulares en contra de la vida y la biodiversidad del país, en contra de los pueblos ancestrales, en contra de los pueblos campesinos, en contra de los pueblos trabajadores. Políticas que no solo violan la Constitución del 2008, en la que participaron, sino que viola elementales derechos humanos contemplados en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, y aún más, violan la praxis social de los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores, en cuyo seno florece día a día nuevas maneras de vivir, de ser y estar en el mundo, florece la realidad viva del Sumak Kawsay, no los elucubraciones discursivos que los tecnócratas del gobierno elaboran desde sus lujosos escritorios. Tecnócratas que seguro no están en la lista de los trabajadores que van a ser despedidos.
Lo mínimo que uno puede experimentar frente a semejante incoherencia política, que en verdad es una gran estafa política, es indignación e ira. Este gobierno no solo que está implementando muchas de las políticas antipopulares que los gobiernos anteriores no pudieron hacerlo, sino que además miente diciendo que gobierna a favor del pueblo como ya lo han hecho otros gobierno de derecha; pero hay algo peor, miente en nombre del justo deseo de cambio del pueblo, utilizando el discurso emancipatorio de la izquierda. Esta es la gran estafa política del capitalismo a inicios del siglo XXI. 



**Natalia Sierra, Trabajadora de la educación, socióloga y catedrática ecuatoriana.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

PROFESIONALES FRENTE A LOS DESPIDOS MASIVOS

MUJERES Y HOMBRES PROFESIONALES DE LA SALUD AL PUEBLO ECUATORIANO FRENTE A LOS DESPIDOS MASIVOS

 
Desde el día viernes 28 de octubre de 2011, en forma inconstitucional e ilegal, con violencia, maltrato e intimidación,  utilizando fuerzas de élite de la Policía Nacional, el Gobierno entregó las notificaciones de despido intempestivo con el membrete de “renuncia obligatoria” a más de 3000 profesionales y trabajadores PÚBLICOS en todo el país y se apresta a despedir a miles de trabajadores estatales en los próximos días.

Esta política de Estado sin fundamento legal ni técnico; sin ningún proceso administrativo de por medio; ha incluido entre los despedidos a gran parte de la intelectualidad profesional, administrativos, dirigentes gremiales y sindicales críticos de la gestión del gobierno con la clara intención de infundir miedo y evitar la denuncia pública de los problemas no solucionados en los hospitales, en la emergencia sanitaria y en el resto del sistema de salud. A esto se acompaña la emisión de leyes inconsultas como es el Nuevo Código Integral Penal que criminaliza el ejercicio profesional.   

Esta política irresponsable pone en peligro la vida de miles de pacientes que al quedarse sin atención se agravarán o morirán;  liquida la memoria histórica y académica porque entre los despedidos se encuentran especialistas de amplia experiencia, jefes de servicio de hospitales, profesores universitarios y trabajadores que al momento son  irremplazables; para su recuperación se tardará muchos años.

Rechazamos la utilización de las cadenas de prensa del gobierno, como las del 21 y 22 de noviembre 2011, cuyo contenido difamatorio tiene el deseo expreso de causar daño personal a los funcionarios públicos y particularmente a profesionales médicos de amplia trayectoria en el servicio médico nacional.

Por esto llamamos a todos las trabajadoras y trabajadores públicos a adoptar medidas de lucha en unidad con otros sectores sociales en cada provincia (plantones, movilizaciones, etc.) y todas las medidas jurídicas nacionales e internacionales apoyadas y coordinadas desde los gremios.

Distintas formas de protesta han protagonizado de forma inédita las madres de los niños y los mismos pacientes adultos que perdieron a sus médicos tratantes. Ante los despidos intempestivos, sin precedentes en la historia laboral del Ecuador, han pedido la restitución de los profesionales; pues,  el gobierno los está reemplazando con personal inexperto que pone en peligro la vida de los pacientes que requieren atención hospitalaria de alta complejidad.

Con estos antecedentes los profesionales de la salud exigimos al gobierno:
-          Restituir a todos los trabajadores despedidos por ser inconstitucional, ilegal, ilegítimo y por carecer de motivación alguna.
-          Demandamos el respeto a la Constitución e imparcialidad de la Corte Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 y la de la Ley Orgánica de Servicio Público.
-          Destituir a los Ministros de Relaciones Laborales-Richard Espinosa, al Ministro de Salud-David Chiriboga,  como máximos responsables de este maligno proceso de despidos y a la Ministra Doris Solís por el daño moral proferido contra todos los funcionarios públicos y en particular a los profesionales de la salud.
-          El derecho a la réplica en los mismos espacios y tiempos en los cuales ha difundido  mentiras e infamias en contra de los profesionales. El derecho a la honra de los ecuatorianos es incuantificable y no es menor que la del Presidente que ya la valoró en 80 millones de dólares.

Nuestra acción es pacífica y justa, los trabajadores públicos nos acogemos al derecho constitucional a la resistencia; tenemos la fuerza de la razón y acudiremos a las instancias judiciales nacionales e internacionales para defender nuestros derechos.

Rechazamos cualquier acto de violencia y advertimos a nuestro pueblo sobre el aparecimiento de actos de provocación que buscan desvirtuar nuestra justa lucha y con ello justificar la criminalización de la lucha social.

lunes, 24 de octubre de 2011

AZTRA: EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE

AZTRA: EN EL PRINCIPIO, AHORA Y SIEMPRE
 Napoleón Saltos Galarza
Quito, octubre 2011

Ni siquiera hay celebración apropiada por el Estado. Ha desaparecido el nombre: no es Aztra, simplemente EQ2; y la forma de apropiación es la subasta. En círculo, los calderos borran la historia y la someten al poder del capital y del Estado.
EN EL PRINCIPIO
Estamos viviendo una democracia que se abrió con la “masacre de Aztra”: el silenciamiento cruento de los trabajadores, para abrir una democracia disciplinada desde arriba.
Los años 70 eran los del boom petrolero y del modelo desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones. El milagro, bajo la dirección de la Dictadura del General Rodríguez Lara, duró un tiempo corto: del 72 al 76. Un tiempo que sedujo a los dirigentes de un sindicalismo en ascenso.  Se juntaron los nacionalismos militares, las tesis cepalinas, las ilusiones de una tecnoburocracia estatal y la sumisión obrera a la modernización del capital, con el telón de fondo de la seguridad nacional.
Sentadas las bases de un débil desarrollo industrial apuntalado por el Estado, ampliado a nivel del Pacto Andino, no hubo tiempo para el “despegue”; tras el Triunvirato regresó el poder oligárquico-imperial, el orden reprimarizador y disciplinario. Restaba un obstáculo: el bloque social liderado por las centrales sindicales había empezado a cobrar fuerza y resistía al viraje dictatorial.
A fines de los 80, nuestro Continente entraba en un nuevo tiempo político: el fin de las dictaduras y el retorno a las democracias liberales electorales, como desplazamiento del imaginario colectivo de la revolución o la reforma, que había primado por dos siglos de política moderna, al imaginario del orden y la gobernabilidad.
Ecuador pasaba a ser el laboratorio de los retornos disciplinados: era el primer retorno a la democracia “constitucional”, al que seguirían procesos más complejos, como los del Cono Sur, en donde la resistencia armada romántica jaqueaba a los regímenes dictatoriales sangrientos. El obstáculo en nuestro país estaba en la movilización social contra la dictadura y la exigencia de un retorno democrático con participación de los de abajo.
El Triunvirato había iniciado el proceso de “reestructuración jurídica del Estado” con comisiones de notables designados desde arriba, integrantes de los nuevos partidos postoligárquicos. Todo estaba en orden: la primera Comisión tenía el encargo de redactar una nueva Constitución que legitime el orden compartido por civiles y militares, basado en una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, como “garantes de la democracia” y en el modelo desarrollista-empresarial. La segunda Comisión, debía redactar las nuevas Leyes de Elecciones y Partidos, pilares de la nueva democracia representativa, basada en el monopolio de la representación por los partidos políticos. Ya habría tiempo para invitar a la participación ciudadana para que legitime lo actuado desde arriba.
Las Centrales Sindicales habían empezado a construir un proceso de unificación en torno a una Plataforma por la defensa de los derechos laborales – salarios, estabilidad –, la nacionalización de los recursos naturales, la banca y la salud, y la reforma agraria; de modo que podía convocar a los diversos actores sociales, especialmente al campesinado y a los sectores populares urbanos.  
Este ascenso podía poner en riesgo el retorno ordenado, desde arriba. La masacre de Aztra del 18 de octubre de 1977 no sólo significó un hecho de represión contra un conflicto laboral, sino la contención del ascenso de las luchas obreras: el asesinato de más de un centenar de trabajadores rebasa la “medida normal” de la represión; así como la forma sangrienta muestra el poder represivo del Estado, el Leviatán, ante el cual no hay fuerza que pueda oponerse desde abajo. En estos conflictos siempre la versión oficial está muy por debajo del testimonio social, habla de treinta muertos.  
Aztra se dio en el marco en el cual la dictadura ponía en marcha el “plan de retorno a la democracia”, exigiendo como requisito previo un “clima de paz y de orden” que en la práctica significó la vigencia de decretos anti-obreros, ilegalización de la Unión Nacional de Educadores, de la CEDOC y la FESE, encarcelamiento de dirigentes obreros y del magisterio, represión al clero progresista y asesinato a dirigentes campesinos como Mardoqueo León y Rafael Perugachi. Fruto de esta política, los conflictos laborales bajaron de 285 en 1975 a 171 en 1977 y a 117 en 1978.”[1]
Disciplinado el movimiento obrero, podía cumplirse el retorno a la democracia liberal, con marcas que subsisten hasta hoy: el tutelaje de las Fuerzas Armadas, el disciplinamiento y criminalización de las luchas sociales.
CONTINUIDAD
Aztra luego es el signo de las privatizaciones fraudulentas durante la larga noche neoliberal: en febrero de 1994, durante el Gobierno de Sixto Durán, la CFN emitió el Prospecto de Venta de Acciones de AZTRA al acreedor Roberto Isaías en 100.000 dólares (218 millones de sucres). Un precio inferior al valor depositado en caución por Aztra  que ascendió a 250.000 dólares más 543´250.000 de sucres. “Es decir, solo el valor en caución - que fue devuelto a Roberto Isaías, una vez que compró las acciones de Aztra - fue superior al precio de venta de las acciones de la empresa en mención.”[2] A pesar de los informes de la Comisión Cívica Contra La Corrupción, tampoco allí se hizo justicia; los perjudicados directos fueron los trabajadores que han dedicado su vida a la producción del azúcar.
Treinta y cuatro años después se cierra el círculo. Mientras sigue el perdón y el olvido para los culpables de la antigua masacre, Aztra vuelve a ser noticia, con el nombre cambiado. El gobierno de Correa subasta el Ingenio a favor del monopolio transnacional “Gloria”. Otra vez la danza de los millones en juegos opacos: los fondos de la CFN, como préstamo para los compradores; acumulación por desposesión de los bienes del Estado. ¿Qué ha cambiado? El nombre de los beneficiarios; aunque atrás sigue el fantasma de los Isaías. Y el discurso: el 30% de las acciones se asigna a los trabajadores, en un capitalismo popular que recubre el negocio de fondo.
SIEMPRE
Aztra es todavía el símbolo de la resistencia ante un modelo que se reproduce cíclicamente. Todavía es el tiempo de la memoria y la resistencia.


[1] TAMAYO Eduardo, Masacre de Aztra: perdón y olvido, ALAI, América Latina en movimiento, 20-10-1988, http://alainet.org/active/27050&lang=es, consultado 23 octubre de 2011.
[2] Comisión Cívica de Control de la Corrupción, “Presuntas irregularidades en la venta de Aztra a Global Trade Financing Corp, de Roberto Isaías”, versión electrónica consultada 23 de octubre de 2011, http://www.comisionanticorrupcion.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=70

martes, 4 de octubre de 2011

UN AÑO DESPUÉS


  Un año después de aprobada la ley la ley orgánica del servicio público los 
trabajadores y trabajadoras del sector publicoecuatoriano han sufrido un serio retroceso y distorsión de sus derechos.

Coordinadora Nacional de Sindicatos Púbicos

Este fenómeno ha tenido como una de sus consecuencias la profundización de la división social del trabajo entre los calificados como obreros y empleados públicos, con la correspondiente fragmentación de régimen laboral, ocasionando mayor desigualdad ante la ley y la eliminación progresiva de la sindicalización y negociación colectiva en el sector público.

Estas medidas legales y administrativas coercitivas de derechos han venido acompañadas de una intensa campaña de desprestigio a la dirigencia, a las organizaciones y a las conquistas sindicales, desvirtuando los intereses del movimiento sindical del sector público como corporativos y en oposición-contradicción con el interés general de la sociedad y los fines del Estado.  De igual manera se ha instaurado una estrategia política de división, manipulación y cooptación de la dirigencia y organizaciones con el objetivo de neutralizar cualquier nivel de respuesta unitaria ante esta problemática. En estas condiciones la defensa contra el despido y la privatización que han podido realizar los sindicatos en los últimos tres años, ha sido casi nula.

Las leyes ha verticalizado las relaciones laborales en el empleo público, eliminando todo tipo de representación, participación o interlocución de las organizaciones sindicales y gremiales en la discusión/acuerdo de las nuevas leyes.

El contexto en el que esta situación está enmarcado es la instauración de un modelo de Estado, cuya reforma está poniendo los servicios públicos en manos de nuevos grupos de poder para una mayor acumulación de capital; intensificando el trabajo y realizando un cambio generacional y de perfil en el empleo público, cuyo impacto en la vida y persistencia del movimiento sindical del sector público ecuatoriano es todavía incierto.

Las trabajadoras y trabajadores públicos ecuatorianos a través de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público han sido víctimas de:
·         Más despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral
·         Criminalización y penalización de su lucha por la defensa de derechos
·         Pérdida de su representación en los directorios de las empresas públicas
·         Profundización de la segregación laboral y desigualdad ante la ley
·         Eliminación del derecho de sindicalización y negociación colectiva
·         Exterminio de sindicatos
·         Retención ilegal de sus cuotas sindicales e injerencia gubernamental
·         Desconocimiento de las organizaciones sindicales y gremiales como interlocutoras legítimas y representantes de los intereses de los trabajadores

Despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral

En abril de 2011 a partir de la aprobación del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, se pone en ejecución nuevos procesos de evaluación de desempeño que ponen a la evaluación en el centro de decisiones trascendentales en la carrera pública y sus resultados, con un peso mayormente subjetivo, afectan directamente la permanencia en el empleo.  De esta manera en mayo de 2011, 150 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Finanzas fueron notificados  con su destitución luego de haber sido sometidos a un proceso de evaluación de desempeño.  La norma de evaluación de desempeño ha puesto por encima del principio protector del trabajo y la estabilidad laboral; a la “eficiencia”, “productividad” y “competitividad”.  Esto corrobora que la nueva Ley Orgánica de Servicio Público, desaparece en la práctica el sistema de carrera, el que hasta el momento se había considerado como única garantía de estabilidad de los trabajadores sujetos a al régimen administrativo en el empleo público.

En esta misma línea el 7 de julio de 2011, se dicta el Decreto Ejecutivo 813, reformatorio al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,-LOSEP en el que se incorpora legalmente la figura de renuncia obligatoria, la misma que había sido uno de los puntos más polémicos del proceso de aprobación de la LOSEP, el 29 de septiembre de 2010, y que por voto en la Asamblea Nacional no pasó para el texto definitivo de la Ley.

Criminalización y penalización de la lucha sindical:
El hecho más significativo se produce a partir de la veto presidencial a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, que produjo el descontento de los sectores afectados, entre ellos los miembros de la tropa de la Policía Nacional, en cuyo caso debido a un inadecuado manejo del poder ejecutivo  desencadena una crisis política el 30 de septiembre de 2010, día en que además sindicatos y gremios del sector público protagonizan acciones de lucha en defensa de sus derechos afectados por la ley.

La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador-CONASEP, a través de sus asociaciones de empleados de distintos ministerios, se declara en sesión permanente y convoca a la Asamblea Nacional para presenciar la discusión sobre algunos artículos de la LOSEP que podrían ser reconsiderados y que fueron objeto de veto, a pesar de que la ley fue aprobada en la Asamblea Nacional con un amplio acuerdo, que incluyó a asambleístas del propio movimiento político oficialista; sin embargo, el gobierno insistía, y todavía insiste, en incorporar la figura denominada de renuncias obligatorias, para despedir masivamente a trabajadores del sector público.  Por su parte la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador-FETRAPEC, manifiesta públicamente el rechazo a la ley y de igual manera se convocan a la Asamblea Nacional, lugar en donde confluyeron un importante número de organizaciones sindicales y gremiales del sector público, así como algunas Centrales Sindicales.  A partir de estos hechos se inician sumarios administrativos  para destitución y procesos de vistos buenos para despido a servidores públicos y obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Educación y Ministerio de Inclusión Económica y Social.  Así como también se llamó a comparecencia a la Fiscalía General de la Nación al dirigente petrolero Diego Cano a quién el gobierno pretende, vincularlo con el caso de atentado a la seguridad interna del país, que se abrió en contra del jefe de la escolta legislativa.

Posteriormente y en vinculación a los hechos del día 30 de septiembre, en octubre de 2010,  se iniciaron sumarios administrativos en contra de 14 trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, 7 de los cuales fueron despedidos argumentando, supuesta paralización de servicios públicos, corte de la energía eléctrica en el edificio, manipulación de las cámaras de seguridad y quema de llantas. Estos sumarios concluyeron el 29 de diciembre, fueron apelados el 24 de enero de 2011, pero la decisión del despido fue ratificada. Adicionalmente, el Viceministro realizó declaraciones en las que se acusó a los trabajadores de sabotaje por paralizar sus actividades, lo que derivó en una Indagación Previa realizada por la Fiscalía de Pichincha en la que se llamó a rendir versión a 48 personas, con lo que se pretendería inducir a responsabilizar al Presidente de la Asociación de Empleados de ese entonces, Máximo Rivera.

En esta misma línea las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas deciden iniciar sumarios administrativos y vistos buenos, según el régimen laboral al que estaban sujetos, en contra de 7 trabajadores de la institución, con el cuestionable argumento de: “utilización de bienes institucionales para protestar” durante los hechos desarrollados el 30 de septiembre de 2011.  Fueron destituidos en diciembre de 2010, fecha en la que también les fueron entregadas las notificaciones de la fiscalía en las que se les comunica que el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, mediante una denuncia, solicita que en función de los delitos cometidos se dicte la prisión preventiva por apoyar supuestamente a los miembros de la policía que durante el 30 de septiembre se insubordinaron. Esta denuncia fue presentada el 11 de noviembre, aparentemente, por peculado y por interrumpir el tráfico vehicular con la quema de llantas y se vincula a dirigente gremial Patricio Ibarra, Presidente de la Asociación de Empleados  y  José Erazo, Secretario General del Sindicato de Pichincha.

Por otra parte, el 23 de mayo de 2011, debido a la serie de dilaciones de las autoridades del Gobierno Provincial de Imbabura, encabezadas por el Prefecto, los trabajadores agrupados en el Sindicato deciden en Asamblea General declararse en sesión permanente y suspender las actividades por 24 horas, en función del derecho constitucional a la Resistencia (Art. 98) y en protesta por el incumplimiento en la suscripción del Contrato Colectivo de Trabajo que se encuentra pendiente desde el año pasado, a pesar de los varios ofrecimientos no cumplidos.  Esta decisión, adoptada al amparo del principio de autonomía de la organización laboral, de los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT ratificados por el Ecuador que garantizan la Libertad Sindical, preceptos constitucionales, del Código del Trabajo y sus propios estatutos, fue asumido absurdamente por el Prefecto de la Provincia como un acto de paralización del servicio público, por lo que a más de iniciar un trámite suspendiendo la relación laboral por 30 días en contra del Secretario General del Sindicato y , con el peligro de la pérdida de sus trabajos en el caso de que la Inspectoría del Trabajo conceda el Visto Bueno, la Fiscalía de Imbabura les comunica el inicio de una Indagación Previa por el delito de Sabotaje a los Servicios Públicos o Privados, se entiende por  la suspensión de actividades, según el Art. 158 del Código de Procedimiento Civil.  Los dirigentes perseguidos Bayron Celi González, Presidente de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos Provinciales del Ecuador-FENOCOPRE y Secretario General del Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Imbabura y Armando Bolaños, Secretario de Prensa del Sindicato Único de Obreros del Gobierno Provincial de Imbabura, fueron luego de tres semanas reintegrados a sus puestos de trabajo posterior a que el visto bueno fue levantado y la demanda penal continúa.  Por otra parte ya una vez reincorporados al ejercicio laboral, los permisos sindicales han sido sistemáticamente negados, provocando de esta manera una obstrucción más a la libertad sindical.


Es el caso más grave hasta el momento, es el de trabajadores de la Universidad Nacional del Chimborazo  quienes el 17 de agosto de 2011 fueron sentenciados a 1 año de prisión y el pago de 40 dólares de multa por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de la Corte de Chimborazo acusados del delito de invasión de edificios públicos, supuestamente por ocasionar disturbios en la Gobernación de la Provincia, a raíz de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.  Los trabajadores afirman en cambio que ese día salieron a las calles a protestar contra la Ley de Educación Superior y que nada tienen que ver con el delito por el que se los sentenció. Los afectados son:  Lola Maldonado,  Aníbal Oleas, Elías Yépez; y Luis Carvajal Novillo, miembro de la Asociación de Empleados de la UNACH.


Profundización de la segregación laboral y desigualdad ante la ley:
Partiendo desde la Constitución, tanto la Ley Orgánica de Empresas Públicas, como la Ley Orgánica del Servicio Público, profundizan la segregación laboral a través de la división social entre categorías de trabajadores, quienes siendo regulados por diferentes cuerpos legales a pesar de tener el mismo empleador y ser todos trabajadores del Estado, no tienen iguales derechos.  El punto neurálgico de la desigualdad está en los temas relacionados a la libertad sindical, comprendida como el derecho a organizar sindicatos, negociar colectivamente y declarar la huelga.

Eliminación del derecho de sindicalización y negociación colectiva:
La Ley Orgánica del Servicio Público, puesta en vigencia el 6 de octubre de 2010, niega los derechos a los denominados servidores públicos de sindicalización, negociación colectiva y huelga.  Por disposición constitucional, a la regulación de esta ley pasaron todos los trabajadores de las empresas públicas clasificados como servidores públicos, quienes anteriormente estaban regulados por el Código del Trabajo.  De esta manera alrededor del 70% del personal de las empresas públicas han perdido estos derechos.  Este hecho además ha provocado la desaparición total de sindicatos en algunos casos y, la reducción mayoritaria de la membrecía de aquellos que todavía persisten.  A la vez se ha perpetuado la negación del derecho de libertad sindical a los servidores públicos y su exclusión de la categoría de trabajadores.

Desconocimiento de las organizaciones sindicales y gremiales como interlocutoras legítimas y representantes de los intereses de los trabajadores:
Un punto nodal de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y de la  Ley Orgánica del Servicio Público, es la unilateralidad para la fijación de las relaciones de trabajo en el empleo público, aspecto que niega un principio básico del derecho laboral internacional como es el tripartismo y sitúa en absoluta disparidad y desventaja a los trabajadores, quienes se enfrentan al Estado como empleador, que a la vez es juez y parte.

Afectación a la jornada especial de Trabajo:
Eliminación del derecho adquirido  de jornada especial reducida de profesionales de la salud, desconociendo los convenios internacionales como es el Convenio de San Salvador y atentando a la salud laboral de los profesionales, situación que repercute en la calidad de atención de los y las usuarias de los servicios de salud pública. Este derecho es reconocido a los trabajadores del sector que están amparados por el Código de Trabajo produciendo una situación de inequidad.

Reducción salarial
Mediante Decreto 030 del Ministerio de Relaciones Laborales se reduce el valor de la hora de trabajo a los profesionales de la salud con la imposición de la jornada laboral de 8 horas.

En conclusión, estos hechos conforman una situación para los trabajadores públicos, sea individualmente y organizados de vulneración sistemática y continuada de sus derechos humanos, consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos y varios convenios de la OIT.

La libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, la participación en la definición de políticas públicas, la honra y el bien nombre, el derecho de defensa y otras garantías al debido proceso, la seguridad jurídica, el trabajo y la estabilidad laboral, libertad de asociación sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga, la jubilación patronal como derecho laboral, los principios de derecho laboral, el principio de legalidad y no retroactividad de la ley, entre otros.


30 de septiembre de 2011.

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