Natalia Sierra**
Con el decreto ejecutivo 813, el gobierno “revolucionario socialista y popular” retoma una de las más nefastas políticas del neoliberalismo en contra de los trabajadores, llamada flexibilización laboral. Política nuclear del programa de ajuste estructural maquinado por el Consenso de Washington en contra del derecho humano a tener un trabajo digno.Hoy en plena Revolución Ciudadana que ha venido luchando en contra de la larga noche neoliberal según han dicho sus voceros con voz altisonante por todo el país y fuera de él, se inventan eufemísticamente la compra de renuncias obligatorias en el sector público. Intentando con un juego tramposo del lenguaje cubrir el contenido político neoliberal de su ilegítima e ilegal decisión.
Ante el fracaso del intento que el año pasado se hizo para que la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se contemplaba esta injusticia laboral, el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Laborales de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional decide que se aplica esta funesta reforma. No importa el derecho legítimo al trabajo digno que todo ser humano tiene, no importa la situación de precariedad en la que van a quedar los trabajadores públicos despedido de forma intempestiva (sinceremos: la renuncia obligatoria no es otra cosa que despido intempestivo), no importa la suerte de las familias de estos trabajadores. Cuál es el objetivo de implementar esta política: ¿reordenamiento de las prioridades del gasto público?, ¿disciplina fiscal y laboral?, ¿sometimiento laboral?, ¿deshacerse de trabajadores incómodos?; ¿abrir vacantes para trabajadores leales al régimen?, ¿achicar el tamaño del Estado o ensancharlo con trabajadores incondicionales al gobierno? Es difícil saber, lo seguro es el gran daño que se va a hacer a las personas que serán obligadas a vender su renuncia, o quizás es mejor decir, con el cinismo del gobierno, beneficiadas con la compra de su puesto laboral, al fin de cuentas todo es una mercancía en el reino del capital. Más grave aún es el precedente político que deja en la conciencia de los trabajadores la posibilidad de que sus conquistas laborales, que implicaron muerte, tortura y encarcelamiento de cientos, miles de trabajadores a nivel mundial, sean eliminadas por un gobierno que dice ser de izquierda.
Es curioso por decir lo menos que el gobierno de la Revolución Ciudadana cuyo objetivo, según dicen, es construir el Bio-Socialismo del Buen Vivir va imponiendo políticas claramente antipopulares en contra de la vida y la biodiversidad del país, en contra de los pueblos ancestrales, en contra de los pueblos campesinos, en contra de los pueblos trabajadores. Políticas que no solo violan la Constitución del 2008, en la que participaron, sino que viola elementales derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aún más, violan la praxis social de los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores, en cuyo seno florece día a día nuevas maneras de vivir, de ser y estar en el mundo, florece la realidad viva del Sumak Kawsay, no los elucubraciones discursivos que los tecnócratas del gobierno elaboran desde sus lujosos escritorios. Tecnócratas que seguro no están en la lista de los trabajadores que van a ser despedidos.
Lo mínimo que uno puede experimentar frente a semejante incoherencia política, que en verdad es una gran estafa política, es indignación e ira. Este gobierno no solo que está implementando muchas de las políticas antipopulares que los gobiernos anteriores no pudieron hacerlo, sino que además miente diciendo que gobierna a favor del pueblo como ya lo han hecho otros gobierno de derecha; pero hay algo peor, miente en nombre del justo deseo de cambio del pueblo, utilizando el discurso emancipatorio de la izquierda. Esta es la gran estafa política del capitalismo a inicios del siglo XXI.
**Natalia Sierra, Trabajadora de la educación, socióloga y catedrática ecuatoriana.
