Otra sorpresita neoliberal de la “Revolución Ciudadana”

Flexibilización laboral en el Sector Público

Natalia Sierra**

Con el decreto ejecutivo 813, el gobierno “revolucionario socialista y popular” retoma una de las más nefastas políticas del neoliberalismo en contra de los trabajadores, llamada flexibilización laboral. Política nuclear del programa de ajuste estructural maquinado por el Consenso de Washington en contra del derecho humano a tener un trabajo digno.

Hoy en plena Revolución Ciudadana que ha venido luchando en contra de la larga noche neoliberal según han dicho sus voceros con voz altisonante por todo el país y fuera de él, se inventan eufemísticamente la compra de renuncias obligatorias en el sector público. Intentando con un juego tramposo del lenguaje cubrir el contenido político neoliberal de su ilegítima e ilegal decisión.

Ante el fracaso del intento que el año pasado se hizo para que la Asamblea Nacional reforme  la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se contemplaba esta injusticia laboral, el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Laborales de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional decide que se aplica esta funesta reforma.  No importa el derecho legítimo al trabajo digno que todo ser humano tiene, no importa la situación de precariedad en la que van a quedar los trabajadores públicos despedido de forma intempestiva (sinceremos: la renuncia obligatoria no es otra cosa que despido intempestivo), no importa la suerte de las familias de estos trabajadores. Cuál es el objetivo de implementar esta política: ¿reordenamiento de las prioridades del gasto público?, ¿disciplina fiscal y laboral?, ¿sometimiento laboral?, ¿deshacerse de trabajadores incómodos?; ¿abrir vacantes para trabajadores leales al régimen?, ¿achicar el tamaño del Estado o ensancharlo con trabajadores incondicionales al gobierno? Es difícil saber, lo seguro es el gran daño que se va a hacer a las personas que serán obligadas a vender su renuncia, o quizás es mejor decir, con el cinismo del gobierno, beneficiadas con la compra de su puesto laboral, al fin de cuentas todo es una mercancía en el reino del capital. Más grave aún es el precedente político que deja en la conciencia de los trabajadores la posibilidad de que sus conquistas laborales, que implicaron muerte, tortura y encarcelamiento de cientos, miles de trabajadores a nivel mundial, sean eliminadas por un gobierno que dice ser de izquierda.

Es curioso por decir lo menos que el gobierno de la Revolución Ciudadana cuyo objetivo, según dicen, es construir el Bio-Socialismo del Buen Vivir va imponiendo políticas claramente antipopulares en contra de la vida y la biodiversidad del país, en contra de los pueblos ancestrales, en contra de los pueblos campesinos, en contra de los pueblos trabajadores. Políticas que no solo violan la Constitución del 2008, en la que participaron, sino que viola elementales derechos humanos contemplados en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, y aún más, violan la praxis social de los pueblos indígenas, campesinos y trabajadores, en cuyo seno florece día a día nuevas maneras de vivir, de ser y estar en el mundo, florece la realidad viva del Sumak Kawsay, no los elucubraciones discursivos que los tecnócratas del gobierno elaboran desde sus lujosos escritorios. Tecnócratas que seguro no están en la lista de los trabajadores que van a ser despedidos.

Lo mínimo que uno puede experimentar frente a semejante incoherencia política, que en verdad es una gran estafa política, es indignación e ira. Este gobierno no solo que está implementando muchas de las políticas antipopulares que los gobiernos anteriores no pudieron hacerlo, sino que además miente diciendo que gobierna a favor del pueblo como ya lo han hecho otros gobierno de derecha; pero hay algo peor, miente en nombre del justo deseo de cambio del pueblo, utilizando el discurso emancipatorio de la izquierda. Esta es la gran estafa política del capitalismo a inicios del siglo XXI. 

**Natalia Sierra, socióloga y catedrática ecuatoriana.

 

Profesionales de la Salud se movilizan

Profesionales agrupados en la Confederación de Profesionales de la Salud se movilizan contra las nuevas violaciones de derechos laborales  

 El Gobierno Contrarrevolucionario de Alianza País, continuando con su objetivo de eliminar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, entre otras acciones emitió una resolución y un decreto claramente inconstitucionales:

Decreto Ejecutivo No. 813

El 7 de Julio del presente año, el Presidente Constitucional de la República, emitió el Decreto Ejecutivo No. 813, mediante el cual reforma el Reglamento a la Ley de Servicio Público y establece la figura de la “compra de renuncias obligatorias” para los servidores públicos. A pesar de que la  Asamblea Nacional emitió su criterio a través de la objeción parcial a la Ley de Servicio Público, la misma que fue rechazada con 95 votos.

El artículo 426 de la Constitución de la República establece que “la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”.

El Art. 425 de la Constitución de la República establece el orden jerárquico de la aplicación de las normas es el siguiente: “…La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos…” por tanto las Leyes Orgánicas se encuentras por encima de los Decretos y Reglamentos, motivo suficiente para afirmar que el Decreto aludido es inconstitucional y por lo tanto carece de eficacia jurídica.

Con la aplicación del mencionado Decreto Ejecutivo, cientos de servidores públicos podrían perder su derecho a la jubilación, pues serían obligados a vender su renuncia faltándoles pocos años para cumplir los requisitos de acceso a ésta y muchos más perderán sus empleos. El Decreto Ejecutivo 813 al establecer la “renuncia obligatoria” viola todos los instrumentos internacionales en materia de trabajo, suscritos por el Ecuador.  Además, el Decreto Ejecutivo No. 813 contraviene lo prescrito por la Constitución de la República en sus artículos: 33, 325 y 326, numerales 1, 2 y 3.

Razón por la cual rechazamos el contenido del Decreto Ejecutivo 813 y llamamos a corregirlo, eliminando el mismo por inconstitucional e ilegal. De que sirve la Constitución propuesta por el Presidente y aprobada por sus asambleístas constituyentes, si la violan cotidianamente con la emisión de decretos que no respetan la carta magna ni leyes aprobadas en la Asamblea. Sin embargo, es necesario que a los asambleístas y jueces constitucionales les recordemos que su función es respetar la Constitución y que ninguna disposición puede contravenirla.

Resolución Resolución MRL 000033

El Ministerio de Relaciones Laborales se apresta a ejecutar la Resolución MRL 000033 en el Ministerio de Salud Pública. La aplicación de esta inconstitucional resolución tiene dos aspectos lesivos a los derechos laborales de los profesionales de la salud:

1.    Pretende obligar a todos los profesionales a aceptar jornadas de trabajo de 8 horas, desconociendo derechos adquiridos, particularmente el derecho a tener jornadas especiales reducidas por estar sujetos a riesgos y exigencias laborales perjudiciales para la salud de los profesionales y de los usuarios.

2.    Reducir la remuneración a través de dos mecanismos:

i      i)   Por ejemplo si un profesional de 4 o 6 horas, trabaja 8 horas el costo hora se reduce.

       ii) Reducción de categoría. Parecería obvio que se respete el derecho adquirido de ascender a la categoría que le corresponde por 8 horas. Sin embargo de acuerdo a la nueva categorización un profesional que actualmente es servidor 7 no pasa a servidor 10, sino a una categoría inferior, reduciendo mucho más la remuneración.

Estos mecanismos que violan derechos laborales son inaceptables y constituyen formas de sobreexplotación del trabajo.

Reclamamos también el derecho a la estabilidad de todos los profesionales contratados, quienes durante varios años son parte de los servicios de salud y han trabajado bajo un régimen precario de contratación, a pesar de que se dice: ya no tenemos precariedad en la contratación pública. 

Llamamos a todos los profesionales a movilizarse el día 9 de agosto a las 12:00H en el Parque El Arbolito y al plantón en la Plaza Grande a las 17:00H.

NO PERMITAMOS MÁS VIOLACIONES Y ATROPELLOS A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.

TU PRESENCIA REAFIRMA LA UNIDAD DE LOS GREMIOS Y PERMITIRÁ EL LOGRO DE OBJETIVOS COMUNES.

POR LA UNIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y  LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

COLEGIO MÉDICO  DE PICHINCHA  

AGOSTO 2011