Ecuador La construcción de un nuevo modelo de dominación

Ecuador

La construcción de un nuevo modelo de dominación

por: Raúl Zibechi

Si en el neoliberalismo del Consenso de Washington la violencia tenía su locus en el mercado, en el posneo-liberalismo ese locus retorna al Estado. Pablo Dávalos

La política ecuatoriana muestra claros signos de esquizofrenia. El gobierno emplea un lenguaje revolucionario, en todos los discursos apela a la “Revolución Ciudadana”, pero los hacedores de ese proceso, los que con sus luchas desde el levantamiento del Inti Raymi de 1990 deslegitimaron el neoliberalismo e hicieron caer tres presidentes, son acusados de “infantiles” y de “terroristas”. Los mismos dirigentes indígenas y sindicales que lucharon para que Rafael Correa llegara a la presidencia, sufren prisión y están sometidos a juicios. Más de 180 dirigentes indígenas han sido acusados de “terrorismo y sabotaje”, entre ellos el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, y el de Ecuarunari, Delfín Tenesaca, quienes dirigen las dos más importantes organizaciones sociales del país.

Personalidades como Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex amigo personal de Correa, quien trabajó para incluir los conceptos de Buen Vivir (Sumak Kawsay) y los “derechos de la naturaleza” en la Constitución, son acusados de “traidores” por el presidente. Entrevistado por Ignacio Ramonet, Correa nunca se refirió como terroristas a los policías que, según su opinión, pretendían dar un “golpe de Estado” y atentar contra su vida. Aliado con empresarios tradicionales de la derecha, Correa reserva sus dardos más envenenados contra la izquierda, algo que no puede sonar a nuevo para quien conozca la historia del movimiento obrero y socialista.

En los últimos meses un repugnante olor a maccartismo, a estalinismo, ha comenzado a percibirse en algunos procesos de cambio. Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, dijo que el trotskismo “no es ultraizquierda sino es la ultraderecha camuflada. Peligroso. Algunos de esos dirigentes dirigen sindicatos, hablan de un discurso revolucionario para que regresen los de antes, los que agarrarán la wiphala, la quemarán y la pisarán, porque así ha sido la derecha”[1]. Al celebrar los 40 años de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, exhortó a los dirigentes a desenmascarar a los traidores en los sindicatos y buscar la unidad en torno al liderazgo del presidente Evo Morales, en contra del trotskismo que “es la avanzada política de la extrema derecha” que en el pasado acabó con gobiernos populares como el de Juan José Torres y Hernán Siles Zuazo, para dar paso a Hugo Banzer y Víctor Paz Estenssoro[2].

En Ecuador el presidente Correa está convencido que la mayor amenaza para el “Socialismo del siglo XXI” viene de lo que denomina como la izquierda “infantil” y grupos ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que dice “no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”[3]. Cuando la población amazónica de Dayuma realizó un paro y corte de carretera en noviembre de 2007, decretó el estado de emergencia, militarizó la región, sus habitantes fueron maltratados y varias decenas torturados. Correa habló en cadena nacional: “Tolerancia cero a todo el que quiera hacer paros y generar caos, anarquistas que están acostumbrados con los otros gobiernos a paralizar el desarrollo del país cuando les da la gana, los castigaremos con todo el rigor de la ley”. Se dirigió a las comunidades afectadas por la minería que se movilizan contra la entrega de sus territorios: “Las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas”[4].

Estos discursos encendidos contra los movimientos y las izquierdas escalan cuando se producen movilizaciones populares, como sucedió durante el reciente “gasolinazo” en Bolivia y cada vez que los indígenas deciden “levantamientos” en defensa de sus territorios, contra la minería y las petroleras. Atribuir la represión y el contenido ideológico de los discursos a características personales -suele decirse que Correa es apasionado y se “va de boca”- tiene escasa consistencia. La apuesta es indagar algunas características del régimen de la Revolución Ciudadana que permitan encontrar las razones de estas políticas de criminalización de los movimientos y alianza simultánea con las corporaciones multinacionales. A modo de hipótesis –porque la realidad nos impone cautela por su cercanía temporal– pero intentando ir más allá de la coyuntura, pretendo abordar tres aspectos centrales: la relación entre la hegemonía del capital financiero-extractivista y la imposición de un “estado de emergencia económico”, siguiendo el análisis que hace la economista brasileña Leda Paulani para su país; la hegemonía política de un sector que, llegado al gobierno, hace lo contrario de la misión que le fue encargada, para lo que utilizo el concepto de “hegemonía al revés” de Chico de Oliveira; y, por último, indagar acerca de la instalación de un nuevo modelo político, de la mano del economista ecuatoriano Pablo Dávalos. 

Capital financiero y neo-extractivismo

El neoliberalismo aterrizó en nuestro continente latinoamericano aplicando una suerte de “estado de emergencia económico”, que con los gobiernos progresistas se ha convertido en permanente[5]. Leda Paulani se inspira en el conocido trabajo de Giorgio Agamben (Estado de excepción) y en particular en el momento en que Roosvelt, en 1933, exige un poder ilimitado ante las dificultades que generaba la crisis, haciendo un paralelismo entre la emergencia militar y la emergencia económica. En opinión de la economista, plenamente compartible, la restauración democrática en la década de 1980 fue posible bajo las premisas de la instalación de un estado de emergencia económico permanente, “haciendo de la excepción el paradigma de gobierno”[6].

Esa excepcionalidad permitió al gobierno de Fernando Henrique Cardoso hacer pasar el proceso de privatizaciones, algunas de ellas escandalosas, con la justificación de que la grave situación económica así lo imponía. Si no se privatiza –decía el discurso neoliberal– el país marchará a la catástrofe. La desregulación era una medida imprescindible si se pretendía “salvar” la economía, el mismo argumento que se utiliza cuando se pretende “salvar la nación” a punto de ser destruida por un enemigo exterior. Ya bajo el gobierno Lula se aplicaron las mismas lógicas para imponer un superávit primario superior al que exigía el FMI, el aumento de las tasas de intereses que perjudican al país y la reforma regresiva de las jubilaciones, entre las más destacadas. Concluye que “el gobierno Lula hizo de la creación voluntaria de ese estado de emergencia permanente la práctica esencial de su gobierno”[7]. Un ejemplo: cuando el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, fue acusado de corrupción, Lula hizo aprobar una Medida Provisoria, en agosto de 2004, para darle estatus de ministro y salvarlo así de cualquier imputación jurídica.

Finalmente, sostiene que la hegemonía del régimen de acumulación financiera, acumulación por desposesión en los términos de David Harvey, impone un estado de emergencia económica permanente porque con su cortoplacismo y su avidez de ganancias genera inestabilidad permamente. En ese sentido, la reforma previsional de Lula, que fracturó al PT con la salida entre otros de la senadora Heloisa Helena y la creación del PSOL, “abrió inmediatamente a la acumulación privada todo el inmenso territorio de la previsión social”, ofreciéndole a la especulación los altos salarios del sector público[8]. Hoy los fondos de pensiones son la principal herramienta que tiene el gobierno para influir en la economía, al punto que controlan una porción decisiva de las grandes empresas privadas y, por supuesto, las estatales.

En Ecuador, el “estado de emergencia económica” fue la gran excusa para imponer la dolarización, en enero de 2000, en medio de la mayor crisis económica y política que conociera el país, que se saldó con la caída del presidente Jamil Mahuad, la creación de parlamentos populares en las provincias y la “toma del poder” durante unas horas por una alianza de indígenas y militares. De ese modo el país perdió su soberanía monetaria. El dólar como nueva moneda nacional provocó un fuerte aumento de los precios, no logró detener el alza del costo de vida, generó dificultades para la inversión y sólo puede sostenerse por las remesas de los emigrantes y por alto precio del petróleo. Sin embargo, “la dolarización se convirtió en el debate prohibido durante el período de Alanza País”, según Pablo Dávalos[9]. Bajo el gobierno de Correa el tema no se discute, aunque se emiten discursos que hablan de “soberanía” y “revolución”. Los argumentos para no revertir la dolarización aseguran que generaría graves tensiones económicas y sociales, ya que las clases medias se han beneficiado multiplicando su capacidad de consumo.

La segunda cuestión se relaciona con la hegemonía del sector financiero-extractivo. El país sigue dependiendo de las exportaciones de petróleo, que representan el 60% del total y cerca de la mitad de los recursos fiscales. La contracara es que el desempleo y el subempleo alcanzan al 60% de la población económicamente activa. En 2008 el sector bancario y financiero tuvo las mayores ganancias de su historia, en medio de una fuerte concentración del sector, al punto que un solo grupo controlaba el 40% de los activos del país. En los cuatro años de Correa (2007-2010) “los procesos de concentración y centralización de capital de los grupos económicos jamás tuvieron contratiempos”, mientras los nueve mayores conglomerados empresariales representan el 15% del producto interno bruto[10].

Pero se han creado nuevos grupos como consecuencia de la gestión económica de Alianza País. Entre los diez grupos más importantes figura el del hermano de Rafael Correa, con activos de 300 millones de dólares, que ha sido defendido por el presidente aunque realizó de forma ilegal contratos con el Estado por 80 millones de dólares[11]. En vez de explicar en qué consistieron esos contratos ilegales, que Correa asegura mandó suspender, el presidente atacó al partido de izquierda Movimiento Popular Democrático que hizo la denuncia por ser “el mejor aliado de la derecha”. El sector financiero es intocable porque tiene capacidad de desestabilizar el país, algo que la Revolución Ciudadana quiere evitar. Ante esos límites el mejor camino está siendo la alianza con ese mismo capital.

La tercera cuestión en la que aparece el estado de emergencia económico como constricción, son las concesiones mineras que deben hacerse por “imperiosa necesidad” e imponiendo la militarización de aquellos territorios y comunidades que se resisten. Por eso el régimen ha encauzado como terroristas a casi 200 dirigentes sociales. Alberto Acosta lo dijo de forma transparente en un artículo en el que analiza la detención de varios dirigentes shuar. “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, es el resultado de no haber legislado para adecuar el cuerpo legal a la nueva Constitución:

Los derechos establecidos en dicha Constitución no han sido transformados aún en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este caso en las comunidades shuar. Tenemos un código penal en donde se configura el delito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los verdaderos delitos de terrorismo. Así el artículo 160,1 del código penal se considera como terroristas a quienes   ‘individualmente o formando asociaciones, (…) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:....y a  quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas’. [12]

El razonamiento parece claro. Quien se opone al desarrollo, personificado en este caso en las concesiones mineras, está atentando contra el Estado, la estabilidad y el futuro del país, por lo que merece ser considerado “terrorista”. Lo que se omite en este discurso son las razones por lass cuales las concesiones mineras son tan importantes para la estabilidad: la acumulación por desposesión, pese a lo desastrosa que pueda ser para los pueblos, asegura una mínima estabilidad fiscal a un Estado que depende de las exportaciones de petróleo y las concesiones mineras para recaudar. Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana no ha promovido una reforma fiscal que obligue al sector financiero, por ejemplo, a tributar en forma responsable, mientras la dolarización arrasó con la escasa industria nacional.

Despolitizar y cooptar

Cuando el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira –fundador del PT y luego del PSOL– acuñó el concepto de “hegemonía al revés”, hace ya cuatro años, estaba buscando respuestas para una realidad que lo desconcertaba porque encontraba pocas referencias en otras experiencias como las que encabezó la socialdemocracia en Europa. Dos años después, en un nuevo artículo titulado “El revés del revés”[13], confesó que había querido hacer una provocación a partir de conceptos de Gramsci para intentar comprender regímenes políticos como el Brasil de Lula y la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano, que al llegar al poder practican políticas que son el revés del mandato de clase recibido en las urnas.

En “hegemonía al revés” constata que “cuando las clases dominadas toman la ‘dirección moral’ de la sociedad, la dominación burguesa se hace más descarada”[14]. Para explicar esa paradoja pone el foco en tres aspectos. El primero es la dilución del conflicto (desparecen los enemigos de clase, dice) como parte de un proceso que convierte la política partidaria en algo irrelevante en el capitalismo actual. En segundo lugar, las políticas sociales juegan un papel central en la cooptación y neutralización de los movimientos, ya que se despolitiza la cuestión de la pobreza y la desigualdad y se la convierte en un problema administrativo y técnico. La síntesis es que se puede reducir la pobreza sin tocar la desigualdad ni la brutal concentración de la riqueza que registra América Latina, si se adoptan los instrumentos adecuados para ello como el plan Bolsa Familia[15].

Esta doble combinación de políticas sociales y reducción del conflicto social, lubrican la profundización de la acumulación por desposesión, de modo que aquellos que interfieran en ese proceso, ya sean los que protestan contra la represa de Belo Monte en Brasil, contra la explotación de la Amazonia en Perú y Ecuador, son apartados a un lado como obstáculos al progreso. “Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”, dijo Correa en la cadena nacional del 1 de diciembre de 2007. Y aquí viene el tercer aspecto, corolario de los anteriores, que abre las puertas a una nueva comprensión de nuestras realidades:

En los términos de Marx y Engels, de la ecuación “fuerza+consentimiento” que conforma la hegemonía, desaparece el elemento “fuerza”. Y el consentimiento se transforma en su contrario: no son más los dominados los que consienten su propia explotación. Son los dominantes –los capitalistas y el capital- quienes consienten en ser políticamente conducidos por los dominados, a condición de que la “dirección moral” no cuestione la forma de explotación capitalista. Es una revolución epistemológica para la cual aún no tenemos la herramienta teórica adecuada. Nuestra herencia marxista gramsciana puede ser el punto de partida, pero ya no es el punto de llegada. [16]

Sabemos que en este punto las políticas sociales juegan un papel doble: al aliviar la pobreza muestran a los de abajo que el gobierno está realmente preocupado por su situación y facilitan el consenso social para profundizar la acumulación financiera. De algún modo los gobiernos progresistas, y en particular el de Correa, siguen adelante con las políticas diseñadas en los 90 por el Banco Mundial, aunque las han expandido y ahora las utilizan para crear una base social propia, pero desmovilizada y de carácter clientelar[17]. En Brasil, la nueva arquitectura reposaba en efecto en políticas como Bolsa Familia y, esto es lo novedoso, en el ascenso de un nuevo actor social que son los dirigentes sindicales (en particular del sector bancario) devenidos en administradores de los fondos de pensiones que son el locus de la más consistente acumulación de capital en Brasil al manejar alrededor del 16% del PIB de Brasil.

Un ejemplo para que no quede como algo abstracto. Previ es el fondo de pensiones del Banco do Brasil, que ocupa el lugar 25 en el ranking de fondos del mundo. Durante el gobierno Lula Pervi fue presidida por Sergio Rosa, ex dirigente bancario y del PT. Previ controla 78 empresas brasileñas, entre ellas Vale do Rio Doce, la segunda minera del mundo, la mayor empresa privada de Brasil (privatizada por Fernando Enrique Cardoso en 1997)  y la mayor productora de mineral de hierro del planeta. Tiene 115 mil empleados, su valor de mercado es de 170 mil millones de dólares y en 2009 tuvo ganancias de 20 mil millones de dólares[18]. Los “sindicalistas” que dirigen Previ controlan el Consejo de Administración de Vale, donde personas como Sergio Rosa deciden quién lo integra así como las inversiones que les conviene realizar.

En Ecuador es diferente. La nueva elite dirigente, todo proceso la necesita, no proviene de los cuadros de algunos sindicatos como en Brasil sino de un conjunto de profesionales incrustados en el aparato estatal. Apenas llegado al gobierno, Correa procedió a una “descorporativización” del Estado[19]. Se procedió a un masivo desalojo de sectores empresariales que tenían un fuerte control del aparato estatal. Pero las cosas no quedaron ahí. Uno de los principales blancos de la cruzada anti-corporativa de Correa fueron los sindicatos de trabajadores del sector público, buscando impedir la agremiación de ese sector y permitiendo contratos colectivos sólo por empresa. El conflicto más fuerte fue con los docentes, que para el gobierno son “mafias que mantienen secuestrada la educación y protegen la mediocridad”, al punto que se culpa a los sindicatos docentes de la mala calidad de la enseñanza[20].

El otro gran conflicto es con los indígenas. En febrero de 2009 el gobierno suprimió la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe y centralizó los nombramientos y decisiones en el ministerio de educación, desplazando el papel que venían jugando las organizaciones indígenas. Lo mismo hizo en todas las instituciones donde la CONAIE y otras organizaciones tenían alguna presencia. La idea que guía este accionar es que “los grupos regulados por el Estado no deben participar directamente  ni en el diseño ni en la aplicación de la regulación”[21]. Más aún: en marzo de 2008 modificó el reglamento que regula las organizaciones sociales, destacando que serán causales de disolución “incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida la organización” y “comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de  los ministerios u organismos de control y regulación”.

En suma, control de las organizaciones sociales y expulsión del aparato estatal. Pero la Revolución Ciudadana fija un nuevo mecanismo de participación, ya no anclado en los movimientos que eligen a sus representantes para participar en determinadas instituciones, sin en base a la selección de ciudadanos por concurso de méritos. Como el discusro oficial dice que el Estado es de todos, se apela al ciudadano individual no organizado para ocupar esos espacios. El Estado se cierra a los sectores organizados (porque son portadores de corporativismo y por lo tanto de ineficiencia y corrupción) y en su lugar elige, o coopta, a personas por goteo sin que tengan la menor representatividad social y política. Quienes los eligen conforman la alianza de funcionarios y tecnócratas que sustenta la Revolución CIudadana. El investigador Pablo Ospina concluye: “El gobierno ciudadano parece querer sustentarse en el puñado de intelectuales que forman su núcleo dirigente. Un núcleo cada vez más dependiente del liderazgo, la autoridad y el apoyo electoral de la intelectual y académica figura del Presidente de la República”[22].

Un nuevo modelo de dominación

El retorno del Estado, la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, deja paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ”enemigo público” a todo aquel que se le enfrente o disienta. ¿Qué lleva a estos nuevos regímenes, que Dávalos designa como “posneoliberales”[23], a colocar en lugar destacado de su agenda la construcción de un Estado fuerte? “Asegurar la seguridad jurídica y la convergencia normativa”[24]. Disentir, cuestionar, provoca inseguridad jurídica, lo que perjudica la inversión extranjera y el empleo, y lleva al país a un nuevo “estado de emergencia económica”. 

Es el estado el que concesiona territorios para la minería o las obras de la infraestructura para la integración sudamericana, por lo tanto la resistencia no se enfrenta con las multinacionales sino directamente con el aparato estatal. Aparece también una trampa legal. La Constitución puede hablar del Buen Vivir y de los “derechos de la naturaleza”, pero eso nunca se hace ley, ni código, en tanto se aprueban leyes que entregan el agua o los territorios a la especulación multinacional. La más avanzada Constitución del mundo queda diluida porque sus declaraciones no se convierten en resoluciones ni, remotamente, en acciones públicas.

Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. David Harvey nos explica en qué consiste la acumulación por desposesión[25]. Pero no explica qué tipo de Estado es necesario en países del Sur donde los movimientos han crecido hasta convertirse en amenaza para la acumulación. Lo vamos descubriendo sobre la marcha. Y lo primero que descubrimos es que mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador, progresistas o partidario del “Socialismo del siglo XXI”.

Si la financierización del sistema puso fin al Estado benefactor, en el Sur la acumulación por desposesión frena y revierte el proceso de desarrollo por sustitución de importaciones. Más allá del color político de quienes administran el aparato estatal, son los megaemprendimientos mineros, los monocultivos y la explotación de los hidrocarburos lo que devuelve centralidad Estado. Pero no cualquier Estado, ni cualquier centralidad, sino aquella capaz de convertir a los movimientos en terroristas. O, en el menos agraviante de los casos (Lula, Mujica, Kirchner…), en obstáculos al progreso. En cualquier caso, enemigos a derrotar.

No solo. También un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un “Estado capilar” complemento del “Estado fuerte”. El gobierno ecuatoriano creó el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), vinculado al registro impositivo. El registro obliga a todas las organizaciones a inscribirse de modo que el régimen tiene ahora información detallada y ha sido capaz de advertir a dirigentes campesinos e indígenas por no haber pagado los impuestos de sus organizaciones[26].

El registro está bajo la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, un ministerio que nunca pidieron los movimientos y que se vuelve contra ellos, que según la directora del Registro le permite “saber dónde está la organización, a qué se dedica, para que participe en los programas y proyectos que le ofrece el RUOSC”[27]. A nivel local, el objetivo de la Secretaría es utilizar el registro para que “los gobiernos descentralizados puedan dirigir su accionar a las diferentes organizaciones en el ámbito social, económico, productivo”, lo que pasa por ir parroquia por parroquia, barrio por barrio para “ayudar” a las organizaciones de base[28].

La última frase de De Oliveira en “El revés del revés”, destila todo el pesimismo y la rabia contenida por alguien toda su vida apostó por la izquierda: “Lula es una regresión política”[29]. No es fácil estar de acuerdo con su diagnóstico. Desde el punto de vista de las relaciones interestatales, el gobierno Lula ha sido un paso hacia el multilateralismo al impulsar a Brasil como potencia global y regional. Sin embargo, desde el punto de vista de los movimientos sociales y la lucha por la emancipación, nadie puede decir que haya habido avances. Por el contrario, los movimientos  se han debilitado en todos los países que cuentan con gobiernos progresistas y de izquierda, con la excepción de Bolivia. Más aún: a la luz del debate que está promoviendo la revuelta árabe en América Latina, la sentencia de De Oliveira debe ser tenida en cuenta con el mayor rigor.