PROFESIONALES FRENTE A LOS DESPIDOS MASIVOS

MUJERES Y HOMBRES PROFESIONALES DE LA SALUD AL PUEBLO ECUATORIANO FRENTE A LOS DESPIDOS MASIVOS

 

Desde el día viernes 28 de octubre de 2011, en forma inconstitucional e ilegal, con violencia, maltrato e intimidación,  utilizando fuerzas de élite de la Policía Nacional, el Gobierno entregó las notificaciones de despido intempestivo con el membrete de “renuncia obligatoria” a más de 3000 profesionales y trabajadores PÚBLICOS en todo el país y se apresta a despedir a miles de trabajadores estatales en los próximos días.

Esta política de Estado sin fundamento legal ni técnico; sin ningún proceso administrativo de por medio; ha incluido entre los despedidos a gran parte de la intelectualidad profesional, administrativos, dirigentes gremiales y sindicales críticos de la gestión del gobierno con la clara intención de infundir miedo y evitar la denuncia pública de los problemas no solucionados en los hospitales, en la emergencia sanitaria y en el resto del sistema de salud. A esto se acompaña la emisión de leyes inconsultas como es el Nuevo Código Integral Penal que criminaliza el ejercicio profesional.   

Esta política irresponsable pone en peligro la vida de miles de pacientes que al quedarse sin atención se agravarán o morirán;  liquida la memoria histórica y académica porque entre los despedidos se encuentran especialistas de amplia experiencia, jefes de servicio de hospitales, profesores universitarios y trabajadores que al momento son  irremplazables; para su recuperación se tardará muchos años.

Rechazamos la utilización de las cadenas de prensa del gobierno, como las del 21 y 22 de noviembre 2011, cuyo contenido difamatorio tiene el deseo expreso de causar daño personal a los funcionarios públicos y particularmente a profesionales médicos de amplia trayectoria en el servicio médico nacional.

Por esto llamamos a todos las trabajadoras y trabajadores públicos a adoptar medidas de lucha en unidad con otros sectores sociales en cada provincia (plantones, movilizaciones, etc.) y todas las medidas jurídicas nacionales e internacionales apoyadas y coordinadas desde los gremios.

Distintas formas de protesta han protagonizado de forma inédita las madres de los niños y los mismos pacientes adultos que perdieron a sus médicos tratantes. Ante los despidos intempestivos, sin precedentes en la historia laboral del Ecuador, han pedido la restitución de los profesionales; pues,  el gobierno los está reemplazando con personal inexperto que pone en peligro la vida de los pacientes que requieren atención hospitalaria de alta complejidad.

Con estos antecedentes los profesionales de la salud exigimos al gobierno:

-          Restituir a todos los trabajadores despedidos por ser inconstitucional, ilegal, ilegítimo y por carecer de motivación alguna.

-          Demandamos el respeto a la Constitución e imparcialidad de la Corte Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 y la de la Ley Orgánica de Servicio Público.

-          Destituir a los Ministros de Relaciones Laborales-Richard Espinosa, al Ministro de Salud-David Chiriboga,  como máximos responsables de este maligno proceso de despidos y a la Ministra Doris Solís por el daño moral proferido contra todos los funcionarios públicos y en particular a los profesionales de la salud.

-          El derecho a la réplica en los mismos espacios y tiempos en los cuales ha difundido  mentiras e infamias en contra de los profesionales. El derecho a la honra de los ecuatorianos es incuantificable y no es menor que la del Presidente que ya la valoró en 80 millones de dólares.

Nuestra acción es pacífica y justa, los trabajadores públicos nos acogemos al derecho constitucional a la resistencia; tenemos la fuerza de la razón y acudiremos a las instancias judiciales nacionales e internacionales para defender nuestros derechos.

Rechazamos cualquier acto de violencia y advertimos a nuestro pueblo sobre el aparecimiento de actos de provocación que buscan desvirtuar nuestra justa lucha y con ello justificar la criminalización de la lucha social.